LA REPÚBLICA

Entre el 12 y el 14 de abril de 1931 tuvo lugar unas de las cesuras más caracterizadas de la historia contemporánea de España: la caída de la Monarquía borbónica, que encarnaba Alfonso XIII, y la simultánea proclamación de la Segunda República.

La Republica fue depositaria de los anhelos de regeneración y de las esperanzas democratizadoras de buena parte de los españoles de la época.

Los gobernantes republicanos, dotados de un amplio respaldo democrático tras las primeras elecciones parlamentarias, parecían en condiciones de poner en marcha o acelerar muchos de los procesos de modernización política y socioeconómica por los que venían clamando desde hacia décadas las mentes más lúcidas del país: una reforma del sistema representativo, que terminara con las lacras del caciquismo y consolidara un sistema de partidos de masas; un nuevo modelo de Administración civil y militar, que dotara al Estado de mayor eficacia y que, al tiempo, lo descentralizara, abriendo paso a procesos de regionalización y autogobierno; un nuevo marco de relaciones laborales, que mejorara las condiciones angustiosas de gran parte de la población asalariada; una reforma agraria, que satisfaciera las demandas de tierra del campesinado y facilitara la racionalización de la agricultura; procesos de secularización, que pusieran fin al tradicional contubernio entre la Iglesia católica y el Estado monárquico…

El nacimiento de la Segunda República supuso la sustitución o la reforma profunda de muchas de las instituciones vigentes con la Monarquía, conforme a la idea expresada por Azaña de cambiar el sistema político y la política del sistema.

En la marcha hacia un ordenamiento constitucional acorde con los principios democráticos que inspiraban al nuevo régimen era preciso cubrir una etapa de transición. Ello implicaba levantar en muy poco tiempo un considerable entramado legal y política, cuya pieza maestra seria la Constitución. Hasta que el Parlamento la aprobase, era el Gobierno provisional y luego a las Cortes constituyentes a quienes correspondería la tarea de improvisar un marco legal que respondiera a las expectativas creadas por el cambio de régimen.

Entre los dirigentes republicanos, juristas en su mayor parte, imperó desde el principio un notable afán por legitimar la situación revolucionaria y cubrir los vacíos legales provocados por la caída de la Monarquía. No habían escatimado esfuerzos para calmar a las llamadas clases conservadoras, haciéndolas ver que la Republica implicaba un cambio revolucionario de carácter político, pero sin que ello supusiera una modificación radical del sistema social. En este sentido, la presidencia del Gobierno provisional y la responsabilidad del mantenimiento del orden público se encomendaban a dos políticos recién conversos al republicanismo, como eran Alcalá Zamora y Maura.

Por su parte, los socialistas, representantes del único movimiento de masas organizado que apoyaba el nacimiento de la Republica, aceptarían mantenerse en un discreto segundo plano, conscientes de la necesidad de no suscitar resistencias numantinas entre los monárquicos.

El mismo 14 de abril, el comité ejecutivo de la Conjunción, actuando como ente depositario del poder revolucionario, promulgo un decreto encomendado a Alcalá Zamora la presidencia del Gobierno provisional y, con ella, se publicaban sendos decretos con el nombramiento de los miembros del Gabinete, el texto del Estatuto jurídico por el que se regiría el poder Ejecutivo hasta la entrada en vigor de la Constitución, y la concesión de una amnistía para los delitos políticos. El primer Gobierno republicano recogía en su composición las diferentes tendencias políticas y sociales que integraban la Conjunción republicano-socialista. Figuraban en él desde antiguos ministros de la Monarquía, representantes de una burguesía conservadora y católica, hasta dirigentes sindicales con un pasado obrero, pero predominaban los ministros procedentes de la pequeña burguesía de profesionales y funcionarios, dotados de un marcado talante reformista y dispuesto a cometer un ambicioso plan de transformaciones políticas y de modernización de los aparatos del Estado.

La sublevación militar contra la Republica pensada y proyectada como un golpe rápido, devino en una guerra civil que duro treinta y dos meses. El objetivo de los sublevados, la eliminación del Frente Popular y la sustitución de la Republica por una dictadura transitoria, quedo desbordado y dio paso a una transformación mucho mayor.

Nacida en medio de un consenso casi general, la Republica se frustró en breve plazo, dando paso a la Guerra Civil que asoló las tierras de España desde el verano de 1936.

Transcurrido ya más de medio siglo desde su final, el periodo republicano es hoy uno de los mejor conocidos de nuestra contemporaneidad, y referente obligado para la comprensión del presente y de los procesos históricos que se han desarrollado en la segunda mitad de la centuria.